El subcomisario Rodrigo Silva arrojó sus municiones por la ventana, clamó por su vida y denunció haber sido obligado a cometer delitos. El Gobierno y el Ministerio Público activaron una investigación bajo estricta reserva.
Un escenario de máxima alerta y profundo hermetismo sacude a las esferas de la seguridad pública en Chile. Lo que comenzó como un confuso procedimiento de emergencia en un sector empresarial de la comuna de Las Condes, en Santiago, ha derivado en una investigación penal de alta complejidad liderada por el Ministerio Público, tras la inédita y desesperada denuncia de corrupción realizada por un funcionario activo de la Policía de Investigaciones (PDI).
El protagonista de la jornada fue el subcomisario Rodrigo Silva, un detective con 11 años de servicio en la Brigada de Robos e Investigación Criminal (BIRO Incri). La noche del martes, Silva se atrincheró durante más de tres horas en el séptimo piso de un edificio corporativo donde funcionan oficinas de abogados, rompió un ventanal y comenzó a gritar hacia la calle solicitando auxilio inmediato de Carabineros.
«Si me matan, van a plantar una pistola»
El registro de los gritos del subcomisario desde el ventanal expuso una faceta crítica de desconfianza interna en la institución policial. En los audios ambientales captados por testigos y equipos de emergencia, se escucha al detective asegurar que sus propios compañeros de labores pretendían asesinarlo para silenciarlo:
«¡Me van a matar… Por favor, ayúdenme! Llamen a Carabineros. Van a simular un enfrentamiento, boté todas mis municiones, mis cargadores; mi arma está desarmada. Si me matan, van a plantar una pistola como siempre lo han hecho. Créanme, soy inocente… Me obligaron a cometer delitos».
Para respaldar sus temores, el funcionario arrojó su placa institucional a la vía pública y envió a sus familiares la fotografía de una servilleta donde escribió de puño y letra los nombres de las personas que, según él, atentaban contra su vida. De acuerdo con las primeras filtraciones de su declaración, Silva acusa que superiores y pares dentro de su unidad participaban en la apropiación de dinero de procedimientos y que se le presionó indebidamente para formar parte de dichas dinámicas.
Fiscalía toma el caso bajo estricto secreto
Tras ser persuadido y guiado a salvo por efectivos de Carabineros, el Ministerio Público confirmó la apertura de una causa penal formal. El fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, quedó a cargo de las indagatorias y ratificó que se recibieron antecedentes concretos sobre presuntos delitos funcionarios y actos de corrupción al interior de la policía civil.
Con el fin de garantizar la transparencia y evitar conflictos de interés, la Fiscalía encomendó las diligencias operativas al departamento OS9 de Carabineros. Asimismo, el ente persecutor dictó medidas cautelares de protección urgentes para el subcomisario: resguardo permanente las 24 horas a cargo de Carabineros y la prohibición absoluta de que cualquier funcionario de la PDI se acerque a él. Paralelamente, se aclaró de forma oficial que la denuncia no involucra a ningún miembro del Ministerio Público.
Reacción del Gobierno y estado de salud
La gravedad del episodio escaló rápidamente al plano político. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, se pronunció de manera tajante sobre los hechos, sosteniendo que las acusaciones presentadas por el policía deben ser investigadas «con todo el rigor» y que bajo ninguna circunstancia se deben minimizar o catalogar a priori como un hecho aislado. Arrau añadió que ha mantenido conversaciones directas con el director nacional de la PDI, Eduardo Cerna, para monitorear el caso y revisar la efectividad de los protocolos de salud mental en las filas de las fuerzas de orden.
El estado del subcomisario Silva sigue siendo delicado. Tras el incidente, fue ingresado al Hospital de Carabineros para evaluaciones médicas. No obstante, la situación sumó un nuevo cariz de alarma luego de que el funcionario sufriera una autolesión en la zona del cuello mientras permanecía internado, obligando a su reevaluación bajo estrictas medidas de vigilancia médica y psiquiátrica. Su entorno familiar directo ha insistido en que el detective cuenta con una hoja de vida impecable, no posee antecedentes psiquiátricos previos y que su colapso responde exclusivamente al acoso y la persecución interna que sufrió tras negarse a encubrir las irregularidades de su brigada.
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