En la antesala de lo que será el retorno definitivo de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo Venegas, a Chile, su defensa legal ha desplegado una rápida estrategia administrativa para asegurar que las condiciones de su entrega se ajusten estrictamente a los acuerdos diplomáticos y judiciales suscritos entre el Estado chileno y el Reino de los Países Bajos.
El abogado defensor de la exautoridad gremialista, Fidel Castro Allendes, ingresó sendos oficios dirigidos a la Policía de Investigaciones (PDI) y a Interpol. Los documentos apuntan a dejar constancia formal de que cualquier procedimiento distinto al ingreso inmediato de Rojo a un recinto penal —como un eventual control de detención público en los tribunales— configuraría un abierto incumplimiento a los compromisos asumidos por el Estado de Chile durante el largo proceso de extradición.
La ruta directa a San Joaquín
De acuerdo con el requerimiento de la defensa, una vez que la exjefa comunal arribe al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez en Santiago y se realicen los trámites migratorios de rigor, las policías deben conducirla de forma inmediata y sin dilaciones al Centro de Cumplimiento Penitenciario Femenino de San Joaquín.
Esta solicitud se ampara en la resolución del Juzgado de Garantía de Antofagasta dictada en marzo de 2022, la cual estipula que la condenada debe ingresar al penal más cercano al lugar donde se concrete su detención dentro del territorio nacional. La defensa busca con esto evitar cualquier tipo de «exposición mediática innecesaria» o trámites intermedios que no estén contemplados en el diseño original del tratado.
El «colchón» del 80% de la pena
Junto con definir el recinto de reclusión, la defensa de la exalcaldesa solicitó formalmente la remisión al tribunal del certificado emitido por las autoridades penitenciarias neerlandesas que detalla el tiempo exacto que Karen Rojo ha permanecido privada de libertad en la cárcel de Utrecht desde su detención en julio de 2022.
Este documento será clave para la fase de ejecución de la pena de cinco años y un día de presidio efectivo por fraude al fisco en el marco del denominado «Caso Main». Según los cálculos entregados por su propio abogado, el tiempo que Rojo ha cumplido bajo arresto en Europa equivaldría aproximadamente al 80% de la condena total. Con este antecedente, una vez que pise suelo nacional, la defensa solicitará de manera inmediata que se abonen dichos días, abriendo la puerta para que la exalcaldesa pueda postular rápidamente a beneficios de libertad condicional o salidas alternativas de manera casi inmediata.
La ofensiva de la defensa se materializa luego de que la Cancillería y las autoridades de Países Bajos destrabaran de manera definitiva los recursos judiciales, cerrando más de cuatro años de fuga internacional e iniciando la fase de traslado físico que cerrará uno de los capítulos de corrupción municipal de mayor perfil en la última década.
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